SANTO DOMINGO.- El país registra un gran flujo de extranjeros que llegan aquí en procura de una mejor calidad de vida, esa que no pueden conseguir en sus naciones de origen debido a un cúmulo de dificultades sociales y económicas.
Entre los extranjeros que más ingresan al país sobresalen los haitianos, quienes, en la mayoría de los casos, entran de manera ilegal a través de la línea divisoria en la frontera terrestre.
Este flujo de inmigrantes trae consigo una serie de problemas que inician en la zona fronteriza, un fenómeno que favorece un lucrativo mecanismo de negocio basado en el cobro de dinero a aquellos indocumentados detenidos durante redadas migratorias, la única forma de obtener su libertad.
Esta irregularidad, que no es un asunto nuevo, a pesar de que ha sido denunciada en diferentes ocasiones continúa ocurriendo, no solo en el Centro Vacacional de Haina, el centro donde son retenidos los haitianos detenidos en operativos.
Así lo pone en evidencia un haitiano a quien, por motivos de seguridad, se omitirá su nombre.
LA MISMA PRÁCTICA
Este denunció supuestas irregularidades por parte de las autoridades de servicio en un destacamento del centro de la ciudad y en el Centro Vacacional de Haina.
De acuerdo con el denunciante, quien ha estado viviendo en el país desde el año 2009, autoridades estarían cobrando de entre 2,000 y 3,000 pesos para liberar a haitianos indocumentados detenidos en redadas de la policía o la Dirección General de Migración (DGM).
“Me apresaron y me llevaron al destacamento de la avenida Cayetano Germosén”, dijo el afectado.
PAGO POR LIBERTAD
“Allí estábamos como ocho o nueve haitianos; en el tiempo que estuve liberaron como a dos. Esos dos que liberaron por dinero estaban ilegales; uno pagó 2,000 y otro 3,000, porque tenía un motor retenido”, explicó el hombre.
Continuó explicando que al día siguiente fue trasladado del destacamento, hasta el Vacacional de Haina, donde permaneció hasta el lunes.
En ese lugar, dijo, opera una red que comercia con la libertad de los extranjeros indocumentados que son llevados hasta allí.
Según su testimonio, durante el tiempo que permaneció detenido en Haina, los guardias del complejo cobraban de entre 12,000 y 16,000 pesos para liberar a ilegales.
Los agentes, según el testigo, presionan a los apresados, todo con el fin de que estos se desesperen y pidan dinero a los familiares, para que, finalmente, se los entreguen a ellos.
Además alega que “los guardianes piden 200 pesos a los familiares o allegados de los detenidos para hacerle llegar comida o, de lo contrario, no la reciben”.
«UNA MEZCOLANZA»
Otras de las irregularidades denunciadas es la “mezcolanza de las personas de estatus migratorio regular con personas documentadas, una situación que da pie a “una posible deportación injusta de personas”.
A lo anterior se suma, anotó el haitiano, la poca delicadeza con que son abordadas estas personas al momento de ser apresadas, igual que al régimen de trato a que son sometidos dentro del centro.
Finalmente, el denunciante y afectado por una situación que asegura estaría ocurriendo en los centros de retención de ilegales comentó que pudo conseguir su libertad al tercer día después de haber sido apresado al frente de casa, en un día que, para él, aparentaba ser común y corriente”.
VICTOR PUENTE
